Solemos asociar el trabajo informal con los puestos de alimentos en un mercado sobre ruedas, los vendedores de botanas en el transporte público o quizás con los miles de lustradores de calzado que trabajan diariamente en todo el país. Sin embargo, la informalidad ha trascendido de estas actividades y se ha insertado desde hace mucho tiempo en más de la mitad de los puestos de trabajo en México.
Incluso las empresas legalmente constituidas, dependencias gubernamentales y marcas de renombre, contratan a buena parte de sus trabajadores bajo modalidades que pueden catalogarse como informales; contratos trimestrales sin prestaciones, subcontrataciones, pagos fuera de nómina y remuneraciones por honorarios, son solo algunas de las formas en que la informalidad domina el mercado laboral hoy en día.
El debate en esta materia siempre oscila entre los que aseguran que ser informal es una decisión propia, en comparación con los que hacen énfasis en la necesidad como principal causa del empleo informal.
Bajo este escenario cabe preguntarse: ¿la decisión de ser informal es más por elección o por necesidad?
¿Qué significa ser informal?
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la economía informal como “todas las actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades económicas que no están total o parcialmente cubiertas por acuerdos formales”. En este sentido, la informalidad se concibe bajo dos dimensiones principales: el sector informal y el empleo informal.
El primer caso, el sector informal, se refiere al tipo o naturaleza de la unidad económica, por lo que aquí podemos englobar a las pequeñas empresas y los negocios familiares que no están dados de alta ante el fisco.
La segunda dimensión, la más amplia, se concentra en la perspectiva laboral y trata todo trabajo efectuado sin registro institucional ni amparo legal. Aquí encontramos desde vendedores ambulantes, artistas callejeros, campesinos, emprendedores y freelance, hasta oficinistas sin seguridad social y burócratas sin prestaciones de ley.
Más allá de una clasificación conceptual, ser informal implica carecer de los derechos básicos asociados al trabajo: seguridad social, vacaciones, aguinaldo, estabilidad laboral, protección contra el despido, entre muchos otros.
Desafortunadamente esta modalidad de empleo está lejos de ser la excepción en nuestra época; basta con emprender una búsqueda de vacantes en internet para darse cuenta de que trabajar bajo las condiciones “normales”, es decir, en un empleo formal, es cada vez más complicado.
La informalidad en números
Según la OIT, durante el año 2016, cerca de 2000 millones de trabajadores en el mundo se emplearon en la informalidad, esto es, un 61 por ciento de la población activa mundial. A su vez, la informalidad se concentró principalmente en los países en vías de desarrollo y con mayor rezago social.
En el caso de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la informalidad laboral alcanzó poco más de 56 por ciento durante 2019, por lo que prácticamente seis de cada diez trabajadores son informales.
Un comparativo al interior de México permite observar la enorme brecha de desigualdad que aún persistente entre las entidades del norte y del sur. Mientras que en Oaxaca y Guerrero ocho de cada diez personas trabajan en la informalidad, en Nuevo León y Coahuila esta cifra se reduce a tan solo un 36 por ciento.
Lamentablemente los empleos informales se concentran en el sureste mexicano, región que también sufre de múltiples problemas socioeconómicos, entre los que se encuentran la pobreza, la marginación, el atraso económico y los más bajos niveles de educación en el país.
Si nos referimos a la actividad económica en que se ocupa la población trabajadora informal, observamos que poco más del 60 por ciento se emplea en el sector servicios, mientras que una cuarta parte ejerce sus labores en el sector secundario. El comercio sigue predominando como la actividad con mayor informalidad, agrupando a tres de cada diez trabajadores informales.
La decisión de ser informal
En el análisis sobre si la informalidad es una decisión o es orillada por la necesidad, surgen dos perspectivas en constante contraposición. Para la llamada escuela estructuralista, la informalidad es involuntaria y está determinada por las características socioeconómicas de los trabajadores (nivel de estudios, edad, sexo, etc.), mismos que perciben en este tipo de empleo una opción viable para subsistir o incluso para salir de la pobreza. Debido al entorno y la falta de oportunidades, no hay más remedio que aceptar trabajar en condiciones desreguladas y sin prestaciones.
En contraparte, la escuela institucionalista alega que los altos impuestos, el manejo ineficiente del gasto gubernamental (reflejado en la baja calidad de los servicios públicos) y los casos de corrupción, desincentivan la formalización y por el contrario, promueven la informalización. Según esta idea, los trabajadores ven más provechoso trabajar como informales, ya que no deben pagar impuestos, o incluso, pueden percibir que sus impuestos no son empleados de forma eficiente, por lo que optan por salirse de la formalidad.
Trascendiendo de estas explicaciones, lo cierto es que son numerosos los trabajos e investigaciones en México que han apuntado a que la informalidad es en muchos casos más un tema de necesidad que de elección y la muestra de ello está en los miles de personas que diariamente salen a buscar un empleo y no les queda más remedio que aceptar la oferta por más miserable que esta pueda llegar a ser; al fin y al cabo, si no la toman, hay una larga fila de candidatos que aceptarán el empleo, incluso si se les ofrece un salario menor.
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¿Cómo frenar el trabajo informal?
La intervención pública para hacer frente a la informalidad no es una novedad. Desde hace algunos años se han emprendido una serie de prácticas para tratar este fenómeno, sea desde el ámbito local o desde el gobierno federal y toda su estructura.
Desafortunadamente los esfuerzos para garantizar una mejora de las condiciones laborales y la generación de empleos dignos y decentes, constituyen uno de los muchos pendientes en la agenda pública nacional e internacional.
La informalidad laboral entraña así una deuda social provocada por un sistema fallido que privilegia a los más ricos y confina a los más pobres a una vida miserable y sin oportunidades de movilidad social; retrata un escenario en el que no existen actores sociales que levanten la voz por el respeto de sus derechos y de su dignidad humana.
En definitiva, la informalidad abarca a su vez una serie de problemas que difícilmente encontraran solución de no ser por una intervención pública efectiva, que emprenda estrategias de formalización para los pequeños negocios, replantee la política laboral, garantice la obtención de un ingreso mínimo de subsistencia y separe los derechos sociales de la condición laboral.
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Foto portada: fuente/potosinoticias.com
